En la recta final de la competencia política, además de encuestas y estructuras, también importa revisar qué tanto coinciden las decisiones de los aspirantes con los compromisos que asumieron al inicio.
Un estudio de AIMSA, realizado del 20 al 24 de julio con 3 mil 850 entrevistas cara a cara, señala que 64 por ciento considera que Carlos Torres Piña cumple lo que promete. La medición también le atribuye 69 por ciento en conocimiento del estado y 61 por ciento en capacidad para gobernar.
El dato sobre cumplimiento cobra relevancia al contrastarlo con algunas de sus decisiones recientes. Torres Piña solicitó licencia a la Fiscalía para separar su responsabilidad institucional de su actividad política; mantuvo una postura de no confrontación personal frente a los ataques de la contienda y centró buena parte de su agenda en recorrer el estado y escuchar planteamientos ciudadanos.
La licencia por 45 días, autorizada por el Congreso a partir del 22 de junio, representó una separación formal entre sus funciones públicas y su actividad política. Al mismo tiempo, durante la competencia evitó convertir a sus adversarios en protagonistas permanentes de su comunicación.
Otro elemento fue el contacto territorial. Desde el inicio de sus recorridos planteó no solo escuchar, sino regresar con los ciudadanos para dar seguimiento a sus propuestas. Esa lógica de cumplimiento puede convertirse en un activo político, especialmente en un contexto donde la falta de seguimiento suele alimentar la desconfianza.
El 64 por ciento de percepción favorable no significa que esté exento de críticas ni que una encuesta certifique su trayectoria. Sin embargo, sí plantea una cuestión relevante: qué tanto pueden verificarse hoy, mediante decisiones concretas, las promesas hechas al comenzar esta etapa.
En política, la promesa se pronuncia hacia adelante; la palabra empeñada se comprueba mirando hacia atrás. Y esa diferencia puede ser uno de los elementos que definan el cierre de la competencia.