Morelia, Michoacán (Digital 3.0).- El hermano de la hoy occisa Jessica González, Cristo González Villaseñor, indicó que tras el desahogo de pruebas de parte del perito forense, que se llevó acabo ayer por la noche, ha quedado demostrado que hubo crueldad en el homicidio de su hermana Jessica González.
“Más de 31 golpes, fueron en la zona de la cabeza, también en el cuello, además del pecho al abdomen, en la cadera y también golpes en los muslos internos, el perito describió todo, como encontró los golpes, así dictaminó que había sido una muerte cruel, por la cantidad de golpes”, acentuó.
En este sentido, reiteró que fueron más de 31 golpes contundentes los que recibió Jessica González de manos de su asesino, pese a que la defensa alegó que no hubo rigor científico en la toma y procesamiento de los datos y las pruebas periciales.
Así, Cristo González enfatizó que la familia de Jessica, siente que tras la pasada audiencia de desahogo de pruebas ha habido un poco de avance en el juicio y en la búsqueda de justicia de este terrible homicidio.
Asimismo, describió que pese a que el juicio se encuentra detenido por los amparos interpuestos por la defensa de el presunto feminicida, Diego Urik N., se pudo efectuar el desahogo de pruebas gracias a que la ley permite, que ante la salida al extranjero de alguno de los testigos, caso del perito, se haga una audiencia previa.
Así, observó que únicamente gracias a la presión mediática y social que ha hecho la familia, es como se han logrado los resultados en este juicio.
Y agregó que aunque los amparos que ha interpuesto Diego Urik N., han sido señalados como infundados, el equipo jurídico del imputado nuevamente ha solicitado una revisión ante el tribunal. Sin embargo, se dolió que no haya tiempos específicos para que sean resueltas estas revisiones interpuestas por la defensa.
Y sobre la estadía de Diego Urik N. en la cárcel, Cristo González comentó que es imposible pedir ante los órganos jurisdiccionales que el imputado no goce condiciones cómodas en la cárcel, aunque señaló que las autoridades de los centros penitenciarios no deberían permitir que los presos con recursos económicos tengan acceso a comodidades para su vida diaria.